El Granada CF afronta uno de los procesos judiciales más importantes de su historia reciente. Este martes, 10 de noviembre, comienza en la Audiencia Nacional el juicio por la denominada Operación Líbero, en el que el conjunto nazarí se expone a una multa de 26,9 millones de euros por presuntos delitos contra la Hacienda Pública.
La investigación se centra en la gestión económica del club durante los ejercicios de 2013, 2014 y 2015. Según la Fiscalía Anticorrupción, los antiguos responsables de la entidad habrían utilizado una estructura empresarial con sede en Luxemburgo para desviar los beneficios obtenidos mediante traspasos de futbolistas y evitar su tributación en España.
Entre los acusados figuran Quique Pina, expresidente del Granada, y Gino Pozzo, antiguo propietario, además de Raffaele de la Riva y Jordi Trilles. El Ministerio Público solicita doce años de prisión para cada uno de ellos, junto con importantes sanciones económicas.
La Fiscalía cifra el supuesto fraude fiscal en 9,44 millones de euros, cantidad que también reclama como responsabilidad civil. Entre las operaciones investigadas aparecen los traspasos de jugadores como Yacine Brahimi, Guilherme Siqueira, Jeison Murillo y Allan Loureiro.
El procedimiento judicial podría tener importantes consecuencias económicas para el Granada, que figura como acusado en calidad de persona jurídica. No obstante, las responsabilidades todavía deberán determinarse durante el juicio, en el que las defensas rechazan las acusaciones de fraude.
Autor: Pablo Triguero
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