Butarque podría volver a acoger al Rayo Vallecano con una factura elevada

|Laura Álvarez Manso
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Mariano de Paco acusa a la directiva de "maltratar el estadio" a la vez que el Ayuntamiento de Leganés se lava las manos

El conflicto institucional y logístico que rodea al Rayo Vallecano ha alcanzado su punto culminante tras la decisión de la Comunidad de Madrid de iniciar el expediente de extinción del contrato de concesión del Estadio de Vallecas. En una entrevista concedida a Pasión por el Rayo, el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, acusó al presidente Raúl Martín Presa de haber "maltratado el estadio sistemáticamente durante 10 años de manera consciente y culpable" para forzar la salida del equipo del barrio. El consejero argumentó que la clausura cautelar responde a deficiencias graves en los sistemas de protección contra incendios, anomalías de alta tensión no resueltas, la falta de controles microbiológicos sobre la legionela en las calderas tras su sustitución y la acumulación de toneladas de basura en las instalaciones.

Tras certificar que el Rayo estuvo más de 50 días en silencio sin responder a los requerimientos de la administración, De Paco descartó prácticamente que el encuentro ante el RCD Espanyol previsto para el 15 de septiembre pueda disputarse en Vallecas al no llegar a tiempo la auditoría de seguridad. De este modo, la administración autonómica fija el mes de octubre como horizonte para un hipotético regreso, que se produciría bajo un nuevo modelo de gestión profesionalizada externamente, pero sin privatizar la infraestructura.

A la crisis institucional se le suma un severo revés económico en Butarque. Tras disputar sus dos primeros encuentros como local en Leganés, el Ayuntamiento leganense estudia seriamente reclamar al club franjirrojo cerca de 50.000 euros por partido para cubrir los costes del operativo municipal de Policía Local, Protección Civil, servicios sanitarios y limpieza. Esta cuantía, sumada a los aproximadamente 120.000 euros que el Rayo abona al CD Leganés por el alquiler de las instalaciones, elevará la factura de cada choque en el destierro a casi 170.000 euros. La única nota positiva para la entidad vallecana ha llegado desde el ámbito judicial: la Audiencia Nacional ha anulado definitivamente la multa de 9.000 euros impuesta por la RFEF por los cánticos sobre la "Goma 2" entonados ante el Villarreal en febrero de 2025, al concluir que el episodio fue aislado, no constaba en el acta arbitral y no supuso incitación directa a la violencia.

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