El Gobierno regional ultima la auditoría técnica para determinar la reapertura del recinto
El Rayo Vallecano afronta una encrucijada institucional y legal sin precedentes tras el choque frontal entre la directiva liderada por Raúl Martín Presa y la Comunidad de Madrid. La suspensión cautelar del Estadio de Vallecas —que ha forzado el exilio del primer equipo a Butarque— ha desencadenado una agria batalla administrativa donde el Gobierno regional acusa al club de "atrincherarse" al mantener operativas la tienda y las taquillas, mientras la S.A.D. califica la medida de "atropello" y amenaza con acudir a los tribunales. Con el estadio bajo cierre preventivo y la afición en pie de guerra, el futuro del feudo franjirrojo se debate entre las inspecciones técnicas de seguridad y un expediente de extinción de concesión que amenaza con arrebatar definitivamente el recinto a la entidad.
La segunda auditoría independiente, único filtro de reapertura
El protocolo para determinar cuándo podrá volver a albergarse un partido con público en el coliseo vallecano depende exclusivamente del dictamen técnico que emita la Comunidad de Madrid. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, confirmó que el Ejecutivo regional se encuentra ultimando la segunda auditoría encargada a la empresa inicial —un procedimiento visado por el Colegio de Ingenieros— con el fin de acelerar los plazos burocráticos sin recortar en la revisión de aspectos clave de salubridad y seguridad, como la prevención de legionela.
Desde la consejería remarcan que ni el Rayo Vallecano ni las instituciones políticas tienen competencia para fijar una fecha de regreso de forma unilateral. El consejero enfatizó que una auditoría de estas características requiere tiempo de ejecución y recordó que los informes encargados por el propio club no han sido presentados aún ante la Administración. En consecuencia, el levantamiento de la suspensión cautelar queda supeditado a que la certificación externa garantice al cien por cien la integridad física de los asistentes.
Mariano de Paco, consejero de Cultura, Turismo y Deporte. Fuente: Comunidad de Madrid
A pesar de que el objetivo manifestado por las instituciones pasa por agilizar los trámites para que el equipo regrese a su barrio "lo antes posible", la Comunidad de Madrid insiste en no frivolizar con las deficiencias del edificio. El organismo autonómico defiende que la firma del Colegio de Ingenieros es el único aval válido para autorizar el acceso de espectadores, desligando este visto bueno provisional del proceso legal que juzga la validez global del contrato de cesión.
Extinción del contrato y la vía de una gestión privada externa
De forma paralela a las labores de inspección técnica, la Comunidad de Madrid mantiene plenamente activo el expediente instruido para zanjar la extinción definitiva de la concesión del estadio. Las autoridades autonómicas sostienen que el Rayo Vallecano ha incurrido en un incumplimiento grave y reiterado de las cláusulas contractuales asumidas, lo que faculta a la Administración para retirar el derecho de uso del recinto público a la S.A.D. de Martín Presa con independencia de que el campo vuelva a abrir sus puertas de manera temporal.
El procedimiento administrativo contempla la elaboración de un informe exhaustivo a cargo de la Abogacía de la Comunidad de Madrid, el cual será remitido formalmente a la Comisión Jurídica Asesora. Este órgano consultivo será el encargado de emitir el dictamen vinculante sobre si procede ejecutar la cancelación del contrato. De ratificarse la propuesta gubernamental, la entidad de la franja perdería de manera irreversible los derechos de explotación sobre el estadio de la Avenida de la Albufera.
Movistar Arena, antes WiZink Center, espacio de la Comunidad concedido a empresa privada externa. Fuente: Comunidad de Madrid
El escenario a medio plazo dibujado por el Ejecutivo regional contempla la entrada de un tercero para administrar la instalación pública. La intención manifestada por la Comunidad de Madrid pasa por otorgar la concesión a una entidad privada externa que asuma de forma integral las tareas de arrendamiento, conservación y mantenimiento del recinto. Con esta fórmula, el Gobierno autonómico pretende garantizar unos estándares de seguridad dignos y evitar que las deficiencias de la propiedad vuelvan a comprometer la actividad deportiva en el feudo vallecano.
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