La Comunidad de Madrid avanza en la extinción de la concesión por los incumplimientos del club
El proceso para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas al Rayo Vallecano continúa adelante después de que la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid considerase “procedente” la medida por el “incumplimiento de las obligaciones” del club en materia de mantenimiento, conservación, inspecciones preceptivas y seguridad. No obstante, el procedimiento todavía no ha terminado: queda pendiente la nueva orden que confirme la extinción, una decisión que corresponde al consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco, y que puede adoptarse hasta el 27 de marzo de 2027, ocho meses después de la apertura del expediente.
El Rayo, que asegura no tener todavía conocimiento oficial del dictamen, quiere recibir toda la documentación antes de pronunciarse y analizar con sus servicios jurídicos los siguientes pasos, entre ellos la posibilidad de solicitar medidas cautelares. La postura del club sigue siendo que no jugará en Vallecas si no mantiene la concesión, aunque ha planteado dos posibles escenarios: convertirse en propietario del estadio o cambiar de sede. La primera opción, según Diario AS, sería imposible mientras el recinto siga afectado al uso público, debido al carácter inalienable de los bienes de dominio público de la Comunidad de Madrid.
Mientras tanto, el Gobierno regional insiste en que la extinción de la concesión no implica necesariamente la salida del Rayo de Vallecas. La Comunidad contempla un periodo transitorio en el que el equipo pueda seguir jugando allí hasta que un nuevo concesionario asuma la gestión, con la posibilidad de alcanzar posteriormente un acuerdo independiente con el club mediante el pago de un canon. El Rayo, sin embargo, no parece dispuesto a adoptar un modelo similar al del Real Madrid de baloncesto con el Movistar Arena. Hasta ahora, la entidad franjirroja abonaba unos 80.000 euros anuales por utilizar y explotar el estadio, mientras que el exilio a Butarque al inicio de la temporada le supuso 120.000 euros por cada uno de los tres partidos, con LaLiga adelantando, además, unos 50.000 euros reclamados por el Ayuntamiento de Leganés para cubrir costes indirectos del dispositivo.
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